Cuando faltan unos días para que comience el nuevo año, no hay espacio para el optimismo ingenuo. El 2026 ya está encima y llega con una carga que ciudadanos y empresarios no pueden ignorar. Quien piense que el próximo año se resolverá solo, se equivoca, pues desde que arranque el almanaque tendremos que convivir con las consecuencias del Paquete Económico 2026. Ajustes, cautela y decisiones firmes serán indispensables para atravesar un periodo que no promete comodidad.
El Paquete Económico 2026 fue presentado por la Secretaría de Hacienda en medio de una desaceleración económica evidente, tensiones en el comercio internacional y cambios profundos en la estructura institucional del país, como la reforma al Poder Judicial.
Además, se trata del primer paquete diseñado completamente por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que le otorga un peso político adicional. No solo define ingresos y gastos: marca el rumbo que este Gobierno pretende seguir para sostener la estabilidad macroeconómica, enviar señales de confianza y atender compromisos sociales. 
En papel, el Paquete Económico establece cómo se obtendrán y cómo se ejercerán los recursos públicos. Bien utilizado, el presupuesto podría fortalecer bases macroeconómicas, respaldar la innovación y sostener proyectos de infraestructura que atraigan inversión y empleo. Sin embargo, el problema no está en la intención, sino en las cifras que acompañan al documento y en el contexto que las rodea.
Se proyecta un déficit fiscal de 3.9% y a eso se suma un recorte del 14% en infraestructura, justo cuando el consumo ya muestra debilidad y la economía arrastra una contracción observada durante 2025. Menos inversión pública implica menos actividad económica indirecta, menor tracción para sectores productivos y mayor presión sobre el sector privado. No hay que darle vueltas: este ajuste limita el margen de maniobra para crecer.
Para las empresas, el mensaje es claro. El empleo formal podría avanzar apenas de forma marginal, mientras los costos operativos siguen al alza. En este escenario, la eficiencia deja de ser una recomendación y se convierte en una obligación. Automatizar procesos, ajustar estructuras internas y cuidar cada peso será una condición para sobrevivir. No hacerlo equivale a quedarse atrás por decisión propia.
A este panorama se suma un factor que no desaparece con discursos: la inseguridad. El crimen organizado sigue afectando el poder adquisitivo y frena inversiones. Los altos niveles de corrupción y violencia golpean de manera directa las cadenas de suministro y elevan los riesgos operativos. Los índices de criminalidad funcionan como un freno real para la inversión privada, por eso pocas empresas, cuando la certidumbre básica no está garantizada, toman decisiones a largo plazo.
Con todo esto sobre la mesa, el 2026 no será un año sencillo para las empresas mexicanas. El crecimiento será modesto, según previsiones de la CEPAL (1.3%) y Banxico (1.8%); y los riesgos exigirán resistencia, cabeza fría y planeación.
Para los ciudadanos, el escenario obliga a administrar mejor los recursos y a entender que el margen será limitado. Para los empresarios, el mensaje es todavía más directo: quien no se prepare ahora, pagará el precio después. El Paquete Económico 2026 no es una amenaza, pero tampoco una garantía. Es una advertencia. Y conviene tomarla en serio.
