Para evitar procedimientos estéticos que pongan en riesgo la salud e integridad de niñas, niños y adolescentes, la diputada María Teresa Ealy Díaz propuso una iniciativa que prohíbe las cirugías estéticas en menores de 18 años, excepto cuando tengan fines reconstructivos por malformaciones congénitas, accidentes o enfermedades. La medida se presentará como una adición al artículo 272 Bis 7 de la Ley General de Salud.
De acuerdo con la propuesta, en los casos excepcionales será obligatorio contar con un dictamen médico favorable emitido por un comité especializado, así como con el consentimiento informado de los padres o tutores y la manifestación de voluntad del menor conforme a su grado de madurez. Además, la Secretaría de Salud y la COFEPRIS deberán emitir los lineamientos y normas oficiales que regulen estos procedimientos y vigilar su cumplimiento. 
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Riesgos y presiones sobre los menores
En la exposición de motivos, Ealy Díaz señaló que la presión social y cultural por alcanzar ciertos estándares de belleza ha derivado en un aumento de cirugías estéticas en adolescentes, muchas veces sin supervisión adecuada ni regulación sanitaria.
La legisladora recordó el caso reciente de una menor de 14 años fallecida en Durango tras someterse a un procedimiento estético, hecho que —dijo— evidencia la urgencia de contar con un marco legal que proteja a los menores de edad de prácticas invasivas.
Subrayó que, actualmente, la Ley General de Salud no establece límites claros para este tipo de intervenciones, lo que permite que clínicas y profesionales realicen cirugías sin protocolos específicos que prioricen el interés superior de la niñez.
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Protección a la salud y desarrollo de la niñez
Ealy Díaz destacó que esta regulación busca garantizar el derecho a la salud, la integridad y el desarrollo pleno de niñas, niños y adolescentes, al tiempo que frena el avance de una industria que ha puesto el interés económico por encima de la seguridad de los pacientes más jóvenes.
Afirmó que esta reforma no implica una restricción arbitraria, sino una medida de protección de derechos humanos, en cumplimiento con las obligaciones del Estado mexicano y los tratados internacionales sobre los derechos de la niñez.
Finalmente, sostuvo que establecer una norma clara y homogénea a nivel nacional permitirá prevenir prácticas médicas riesgosas, promover la ética profesional y asegurar que cualquier intervención quirúrgica en menores responda a fines terapéuticos o reconstructivos debidamente justificados.
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